CONSIDERANDO que las administraciones aduaneras a lo largo del mundo realizan un número de tareas de vital importancia en nombre de sus gobiernos y contribuyen a las metas nacionales tales como la recaudación de ingresos, la protección de la comunidad, la facilitación del comercio y la protección de la seguridad nacional;
RECONOCIENDO que la ética es un asunto primordial para todas las naciones y para todas las administraciones aduaneras y que la presencia de la corrupción puede limitar considerablemente la capacidad aduanera para cumplir efectivamente con su misión. Los efectos adversos de la corrupción pueden incluir:
- una reducción en la seguridad nacional y en la protección de la comunidad;
- fraude fiscal y pérdida de ingresos;
- una reducción de las inversiones extranjeras;
- incremento de costos que finalmente son asumidos por la comunidad;
- el mantenimiento de barreras al comercio internacional y al crecimiento económico ;
- una reducción en la confianza del público con relación a las instituciones gubernamentales;
- una disminución del nivel de confianza y cooperación entre las administraciones aduaneras y otros organismos gubernamentales;
- una reducción del nivel de cumplimiento voluntario de las leyes y reglamentos aduaneros; y
- un debilitamiento de la moral y del “esprit de corps” del personal;
CONSIDERANDO que la corrupción no puede combatirse efectivamente sino en el contexto de un esfuerzo nacional amplio;
AFIRMANDO que una de las prioridades de todos los gobiernos debería ser asegurar que las Aduanas se encuentren libres de corrupción, lo que requiere de una firme voluntad política y de un compromiso sostenible para la lucha contra la corrupción;